La ley 996 de 2005, comúnmente conocida como la Ley de Garantías, tiene entre sus principales objetivos:
- Garantizar que la voluntad de los electores no se vea persuadida por el actuar de los servidores públicos.
- Evitar que las vacantes en las entidades públicas sean usadas con el objetivo de influir en la voluntad de los electores y que la vinculación con el Estado sea usada como medio para obtener favores políticos.
Con ocasión de las elecciones territoriales, la ley ha establecido las siguientes restricciones para gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de todas las entidades descentralizadas, las cuales se están aplicando desde el 29 de junio del 2023 por cuenta del proceso electoral que se llevará a cabo en octubre:
a. No podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos; ni participar, promover y destinar recursos públicos de las Entidades que tienen a su cargo o en aquellas en las que participen de sus Juntas Directivas o destinar recursos públicos para reuniones de campañas electorales.
b. No se permitirá a estos funcionarios autorizar el uso de bienes muebles o inmuebles de propiedad del Estado para actividades proselitistas; asimismo, no se permitirá el alojamiento y transporte de electores de cualquier candidato político o su vocero.
c. No se podrán inaugurar obras o iniciar programas sociales en reuniones en las que participen candidatos a cargos de elección popular o sus voceros.
d. No se podrá modificar la nómina de las Entidades, salvo que se trate de provisión de cargos derivada de faltas definitivas (muerte o renuncia irrevocable debidamente aceptada) o casos donde sean aplicables las normas de carrera administrativa.
Estas restricciones se mantendrán vigentes durante los cuatro meses anteriores a las elecciones. Cuando se trata de elecciones presidenciales, de manera adicional a las anteriores restricciones, se prohíbe el uso de la modalidad de contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
Adicionalmente, de acuerdo con el Acto Legislativo 03 de 2019, se estableció segunda vuelta electoral para la Alcaldía de Bogotá, de tal suerte que las disposiciones relacionadas con Ley de Garantías se mantendrán en el Distrito Capital en caso de que se presenten las condiciones establecidas para la celebración de una segunda vuelta electoral.
Finalmente, el objetivo del legislador al expedir esta ley es garantizar que las elecciones de estos cargos sean derivadas de la voluntad popular, sin que incidan factores que puedan alterar la objetividad y transparencia en el proceso electoral.